En el Palacio Legislativo de San Lázaro se llevó a cabo este miércoles
14 de mayo la sesión de instalación del Congreso General, con lo cual inicia el
periodo extraordinario de sesiones para abordar temas en materia
político-electoral. De manera paralela, las comisiones unidas del Senado de la
República aprobaron por mayoría los dictámenes de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la iniciativa de la Ley de
Partidos Políticos, que conforman las leyes secundarias que reglamentarán la
reforma político-electoral.
A lo largo de
estas semanas la discusión se ha centrado en temas controversiales como el
prorrateo como mecanismo de financiamiento de campañas; el modelo de
comunicación política y el papel de las televisoras; así como la reglamentación
de candidaturas comunes. Sin embargo hay un tema que ha pasado de largo en la
discusión del Congreso: la reglamentación de la reelección legislativa.
La reforma
constitucional de 2014 introduce, por primera vez desde 1933 esta figura. Los
senadores podrán ser electos hasta por dos y los diputados federales hasta por
cuatro periodos consecutivos. El gran desencanto para la ciudadanía es que la reelección
queda supeditada a la voluntad de las dirigencias partidistas, pues de acuerdo
al art. 59 de nuestra muy reformada carta magna, la postulación para que un
legislador se reelija “sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren
postulado”. Frente a ello quedan marchitas las esperanzas de fortalecer los
vínculos y la rendición de cuentas entre ciudadano y representante.
La figura de
reelección legislativa que contempla la reforma política no sólo es
conservadora y tiende a preservar el status
quo, sino que además no corresponde a la composición real del Congreso, en
el que hay legisladores de mayoría, de representación proporcional y, potencialmente,
diputados surgidos de candidaturas independientes. Sin duda, el caso más
preocupante es el de los legisladores plurinominales; los cuales, si no se
especifica en las leyes secundarias lo contrario, podrán repetir su periodo
legislativo por 12 años, sin haber pasado, ni una sola vez, por las urnas.
Frente a dicha posibilidad,
el 40% de los diputados [200 de 500] podría perpetuarse en su cargo sin
beneficio alguno a la ciudadanía, sólo por cumplir con diligencia las
directrices de su partido. Ante esta posibilidad la reelección legislativa no
sólo obstruiría la renovación de elites políticas, también afectaría la [por
demás dañada] representatividad política del Congreso, al contar con legisladores
que puedan repetir por 12 años consecutivos su puesto, sin que su desempeño se
encuentre sujeto a la evaluación ciudadana. Si quieren repetir, al menos
deberían asegurar que las listas de candidatos plurinominales sean abiertas,
tal como ocurre en muchas democracias avanzadas del mundo, donde el ciudadano y
no el partido, es quien elige.
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